Simulación carcelaria

México a lo largo de décadas ha padecido un problema tan complejo que hoy se vuelve una bomba de tiempo, un problema del cual todos tienen conocimiento pero pocos o casi ninguno actúa al respecto: el sistema penitenciario. Un sistema en el cual hay más simulación que acción.

Digo simulación porque desde hace 47 años no ha habido una reforma penitenciaria, tenemos un sistema débil donde impera la corrupción, la impunidad, la falta de servicios básicos, la capacitación, la profesionalización, la falta de recursos económicos y sobre todo la falta de interés por parte de las autoridades de los tres niveles.

El pasado 17 de septiembre  en la cárcel de Piedras Negras, Coahuila, se suscito la fuga de 131 presos, los cuales de acuerdo a informes de la policía salieron por la puerta ayudados por cárteles del crimen organizado. Sólo de 2011 a la fecha se han registrado 14 fugas en las cuales han escapado 521 reclusos, lo que pone en evidencia el autogobierno imperante en dichos centros, pero sobre todo la simulación de las autoridades.

De acuerdo al último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 60% de las cárceles en México están en manos de los reclusos, es decir, las autoridades no tienen el control de dichos centros.

En este mismo informe se detalla que las peores condiciones penitenciarias del país se ubican en los reclusorios del Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Nayarit y Guerrero.

La corrupción al interior y exterior de los reclusorios es una las piezas de este rompecabezas. Y como no serlo, si México se encuentra en el lugar 98 de 178 países en percepción de corrupción (Transparency International 2011). En este mismo contexto, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) estima que en México la corrupción tiene un costo cercano a 1.5 billones de pesos.

Es evidente la falta de control existente en estos centros así como la corrupción imperante fuera y dentro de éstos, sin embargo, el problema no se limita al autogobierno, pasa también por nuestro sistema de impartición de justicia. De acuerdo a The World Justice Project (WJP) el sistema judicial penal mexicano obtuvo el lugar 63 de 66 países evaluados sobre la eficiencia, llegando a la conclusión de que los problemas que aquejan a nuestro país son debido a que existen muchas fallas en los sistemas de investigación criminal y proceso judicial, discriminación en contra de grupos vulnerables, corrupción en los cuerpos policiales y violaciones al debido proceso.

La falta de visión por parte de autoridades federales también tiene un gran peso, ya que en esta lucha contra el crimen organizado no se evalúo la capacidad de las cárceles ocasionando una sobrepoblación que a decir verdad no es un problema nuevo. Actualmente siete de cada diez reos federales purgan condenas en cárceles estatales. La infraestructura está diseñada para 189,397 reos, hoy por hoy hay 238,269; es decir, existe una sobrepoblación de cerca de 50,000 presos.

El gobierno no sólo ha perdido el control en algunos zonas del país, también lo ha perdido en las cárceles, un problema que no es tomado en cuenta muchas veces, sin embargo, es de vital importancia, ya que de lo contrario estos centros se convierten en criaderos del crimen organizado.

La falta de gobernabilidad en dichos centros vuelve vulnerables a los reos a tal punto que los deja sin opción, ya que los abusos y extorsiones son parte del día a día, sus derechos humanos simplemente no existen. Es necesario y urgente replantear el objetivo de estos centros: la readaptación social. No se trata de tener más presos o cientos de cárceles, lo verdaderamente importante es crear reformas que tiendan a bajar la incidencia delictiva, las cuales evidentemente tienen que pasar por el sistema de justicia. Recordemos que en México de cada 100 delitos, 98 quedan impunes.

Cómo vemos un problema que no tiene que ver solamente con un aspecto, un problema que sin duda, en los últimos años se ha ido incrementando. Esperemos que el nuevo gobierno pueda plantear políticas que puedan crear eficacia en los centros, pero sobre todo que puedan recuperar el control de éstos, de lo contrario, como mencionó el Ombudsman, estaríamos en un círculo vicioso en el cual ninguna política de seguridad servirá para dar resultados. Así el tamaño del problema. Estemos pendientes…

(Texto publicado en la revista D´interés)